Documento oficial desmonta críticas y aclara el alcance del Decreto 351-11 en San Francisco de Macorís
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Luego de la ola de comentarios surgidos tras nuestra publicación sobre la construcción y aplicación de la carretera en la entrada de esta ciudad, hoy presentamos el contenido oficial del Decreto No. 351-11 para que la ciudadanía pueda conocer la verdad y no las interpretaciones improvisadas de algunos “genios del derecho” en redes sociales.
Y es que contrario a lo que algunos han querido vender, la aplicación de esta carretera no representa una violación al decreto que protege las riberas del río Jaya.
El documento emitido por el Poder Ejecutivo el 2 de junio del año 2011 crea el “Paisaje Protegido Parque Ecológico Riberas del Jaya”, con el objetivo de preservar el entorno ecológico y garantizar la recuperación ambiental de la zona.
Sin embargo, el mismo decreto también establece el “pleno aprovechamiento humano” de los atributos naturales del área protegida, dejando claro que el desarrollo urbano y las obras de utilidad pública pueden coexistir con la protección ambiental cuando se realizan dentro de los parámetros establecidos.
El Artículo 1 del decreto señala textualmente:
“Se crea el Paisaje Protegido ‘Parque Ecológico Riberas del Jaya’, destinado a la conservación y el pleno aprovechamiento humano de sus atributos asimismo, el Artículo 2 define las franjas de protección específicas del río Jaya y establece los límites técnicos de la zona protegida.
Por esa razón, distintos sectores entienden que la construcción vial y las intervenciones realizadas en la entrada de San Francisco de Macorís no constituyen automáticamente una violación al decreto, como se ha querido proyectar públicamente.
El propio documento también solicita la participación conjunta del Ayuntamiento, Medio Ambiente y demás instituciones para desarrollar acciones que permitan el avance urbano y la preservación ecológica de la ciudad.
La realidad es que muchos han querido convertir el tema en un debate político y mediático, sin siquiera detenerse a leer el decreto completo.
Hoy el documento está ahí, público, oficial y disponible para toda la ciudadanía.
Porque antes de hablar de legalidad, primero hay que leer la ley.
