San Francisco de Macorís/José Valdez, En las últimas semanas, hemos sido testigos de una ola de protestas estudiantiles que, aunque legítimas en sus demandas, están teniendo un impacto negativo en el desarrollo del año escolar. Estas manifestaciones reflejan una juventud que creen en sus ideales revolucionarios que están consciente y comprometidos con la defensa de sus derechos, pero es evidente que las interrupciones continuas en el calendario académico podrían perjudicar el futuro educativo de miles de estudiantes en nuestra ciudad.
Hay que reconocer que detrás de estas manifestaciones existe un reclamo válido, que no debe ser ignorado. Sin embargo, los métodos utilizados para realizar dichas protestas han sido profundamente alarmantes primero por la gran contaminación al medio ambiente con el encendió de neumáticos basuras en las calles y a todo esto le sumamos La entrada de agentes policiales al interior de los planteles educativos, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, representa no solo un abuso de autoridad, sino también un grave atentado contra la seguridad e integridad de los estudiantes el personal docente y todos los residentes de la zona.
Estos actos son inaceptables por los agentes policiales como también por los jóvenes manifestantes porque es cierto que uno de los principios de la policía nacional es que deben guiar y mantener el orden y la protección de nuestros jóvenes, pero también los manifestantes tienen que protestar respetando el derecho al libre tránsito.
Hacemos un llamado urgente a los actores clave de nuestra sociedad ante dicha problemática:
1. Al Ministerio de Educación, para que asuma un rol proactivo en la mediación del conflicto, escuchando las necesidades de los estudiantes y buscando soluciones concretas e inmediatas en los planteles estudiantiles.
2. A la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y las asociaciones de padres y tutores, para que actúen como puentes de diálogo entre las partes, promoviendo una salida pacífica y constructiva y a la misma ADP también escuchar los reclamos de los estudiantes con relación a las quejas de los profesores a la asociación de padres que velen que los jóvenes no realicen actos vandálicos porque al final son sus propios hijos los que están en peligro.
3. A las Iglesias y organizaciones sociales populares y juntas de vecinos, para que ejerzan su influencia como mediadoras en la búsqueda de un consenso que restablezca la normalidad sin sacrificar los derechos de los jóvenes ni comprometer el año escolar con tantas ausencias
La violencia con gases lacrimógenos armas de guerra y agresiones física a menos de edad no puede ser la respuesta a las demandas de quienes buscan un mejor futuro. Si bien es urgente garantizar la continuidad del año escolar, también es fundamental proteger los derechos humanos de los estudiantes y fomentar un diálogo abierto y respetuoso.
Exhortamos a todos los sectores involucrados a comprometerse con una solución real y sostenible que priorice la educación, la justicia y el bienestar de nuestra juventud y luchar Por un país donde el diálogo y la empatía prevalezcan sobre la confrontación.