San Francisco de Macorís, R.D. – En nuestra ciudad, lamentablemente, estamos presenciando cierres de negocios que parecen ser arbitrarios. Las autoridades, en lugar de seguir los canales adecuados, están procediendo sin notificaciones formales, sin actas visibles y sin ofrecer explicaciones claras. Esta práctica de "castigar primero y preguntar después" no solo atropella el debido proceso, sino que pone en grave riesgo el sustento de innumerables familias que dependen de estos comercios.
Comprendemos y apoyamos la necesidad de que todos los establecimientos operen bajo la legalidad, con sus permisos y documentos en regla y debidamente organizados. Sin embargo, antes de llegar a medidas tan drásticas como el cierre, es fundamental agotar todas las vías de comunicación y diálogo. Los comerciantes, especialmente los pequeños y medianos empresarios, no son delincuentes; son ciudadanos que contribuyen activamente a la economía local a través del pago de impuestos y la generación de empleo. Por ello, clausurar sus negocios sin una base legal sólida y sin seguir procedimientos claros se configura como un abuso de poder y una seria violación a sus derechos fundamentales.
Estas acciones, lejos de fortalecer la autoridad o el orden, siembran un clima de miedo, desconfianza y erosionan la institucionalidad democrática. Es imperativo que las autoridades competentes y los organismos fiscalizadores expliquen con qué fundamento legal se están llevando a cabo estos cierres.
Exigimos que se respeten escrupulosamente los procesos establecidos por la ley y que se garantice el derecho a la defensa de cada comerciante afectado.
San Francisco de Macorís merece un entorno de justicia, transparencia y respeto mutuo. Necesitamos un marco de actuación que priorice la colaboración y la búsqueda de soluciones antes de recurrir a medidas punitivas que afectan de manera tan directa a la comunidad.