La decisión judicial obliga a aplicar la Ley 63-17 con grúas y multa de RD$5,000; el verdadero debate no es el candado, es el orden en San Francisco de Macorís.
San Francisco de Macorís/Jose Valdez nuestro amado pueblo vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública tras la decisión de un tribunal que prohíbe la colocación de candados a vehículos mal estacionados.
Es cierto que la sentencia debe respetarse. En un Estado de derecho las decisiones judiciales se acatan.
Pero que nadie confunda las cosas una cosa es eliminar el candado como mecanismo, y otra muy distinta es eliminar la obligación de cumplir la ley.
El Ayuntamiento actuó con la intención legítima de organizar la ciudad. No fue un capricho ni una persecución. Fue una reacción ante el desorden evidente que afecta calles, comercios, peatones y conductores todos los días.
Si el candado no es el instrumento jurídicamente más adecuado, entonces corresponde aplicar lo que sí está expresamente establecido en la ley.
La Ley 63-17 no deja espacio a dudas
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que los vehículos mal estacionados o que obstruyan la vía pública pueden ser removidos por las autoridades competentes mediante grúa y puestos bajo custodia.
Asimismo, el infractor debe asumir la multa correspondiente y los costos derivados del traslado y retención del vehículo.
Bajo el esquema aplicado en el programa Parquéate RD, la penalidad por mal estacionamiento con remoción asciende aproximadamente a RD$5,000, incluyendo multa y gastos de grúa y custodia.
Es decir, la ley no solo permite sancionar permite retirar el vehículo y cobrar los costos al infractor.
¿Ahora la pregunta es simple?
A los genios y defensores que acudieron al tribunal a “defender los derechos del pueblo”, ¿le han explicado al pueblo que la alternativa legal puede ser más costosa y más severa?
Porque si se eliminó el candado de RD$1,500, lo que queda es aplicar la ley completa: grúa, retención y multa que ronda los RD$5,000.
No defendemos al Ayuntamiento, defendemos el orden de nuestro pueblo
Aquí hay que ser contundentes: no se trata de simpatías políticas. Se trata de orden.
El mal estacionamiento no es un derecho constitucional.
Es una infracción. Y cada vehículo mal parqueado genera tapones, bloquea ambulancias, obliga a peatones a caminar por la calle y afecta el comercio formal.
¿Dónde quedan los derechos del ciudadano que quiere circular libremente?
¿Dónde quedan los derechos del conductor que sí respeta la norma?
¿Dónde queda el derecho del pueblo a vivir en una ciudad organizada?
Esos derechos también existen.
Un mensaje claro al abogado y su grupo
A quienes sometieron el recurso ante el tribunal y hoy celebran como si hubiesen salvado al pueblo, les corresponde ahora algo muy sencillo: explicar completa la historia.
Explíquenle al pueblo qué dice la Ley 63-17.
Explíquenle que la ley permite la remoción con grúa.
Explíquenle que la multa puede ser de RD$5,000.
Explíquenle que el vehículo puede ser retenido hasta que se paguen los costos.
Porque defender derechos implica decir la verdad completa, no solo la parte conveniente.
Si el alcalde, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, implementa formalmente Parquéate RD en San Francisco de Macorís con al menos cinco grúas operativas, no estará inventando nada.
Estará cumpliendo lo que la ley establece.
Y entonces veremos quiénes realmente quieren que se cumpla la ley y quiénes solo querían protagonismo.
Conclusión
La decisión judicial no frena el orden. Lo redefine bajo el marco estricto de la ley.
Si el candado no procede, procede la grúa.
Si la multa municipal era de RD$1,500, la ley contempla un esquema cercano a RD$5,000.
Si hablamos de derechos, hablemos de todos, no solo de los infractores.
San Francisco de Macorís merece respeto, disciplina y cumplimiento de la ley sin excepciones.
Porque el verdadero derecho del pueblo no es estacionarse donde quiera.
Es vivir en una ciudad donde la norma se cumple y el orden no se negocia.