San Francisco De Macorís/Jose Valdez ,En una rueda de prensa cargada de preocupación y descontento, celebrada este jueves en el salón de actos del Distrito Educativo 07-06, la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), junto a representantes de la iglesia y proveedores del almuerzo escolar, alzaron su voz para rechazar de manera contundente la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de mantener suspendidas las actividades docentes en la región.
La medida, que forma parte de una jornada de lucha iniciada por la ADP el pasado viernes, surge como respuesta a los repetidos casos de intoxicación de estudiantes, docentes y personal administrativo en varios centros educativos de la demarcación. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, la suspensión indefinida de clases ha generado un profundo malestar entre los sectores directamente afectados, quienes acusan a la ADP de utilizar a los estudiantes como moneda de cambio en su lucha, sin considerar las consecuencias a corto y largo plazo.
Nelson Paulino, presidente regional de la APMAE, no escatimó palabras al criticar la postura de la ADP. “Esta situación no solo afecta a los estudiantes, sino que socava el futuro de toda una generación. La educación es un derecho constitucional, y al suspender las clases, la ADP está cometiendo un atropello garrafal contra nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde queda el compromiso con la formación de nuestros jóvenes?”, cuestionó Paulino con firmeza.
El líder de la APMAE también hizo un llamado a la cordura y a la responsabilidad, instando a la ADP a buscar alternativas que no impliquen la paralización del sistema educativo. “Entendemos que hay una problemática grave que debe ser resuelta, pero no podemos permitir que los estudiantes paguen el precio de esta lucha. La ADP debe reconsiderar su estrategia y trabajar en conjunto con las autoridades para encontrar una solución que no sacrifique el futuro de nuestros hijos”, añadió.
En representación de la iglesia, el pastor Domingo Paulino expresó su rechazo frontal a los métodos de protesta empleados por la ADP. “Es inaceptable que los más vulnerables, los estudiantes, sean los más afectados por esta decisión. La ADP tiene derecho a luchar por sus demandas, pero no a costa del derecho a la educación de miles de niños y jóvenes. Esto no es justicia, es irresponsabilidad”, afirmó el líder religioso.
Por su parte, Manuel Carlos Hernández, representante de la Asociación de Suplidores Escolares de la provincia Duarte, denunció el impacto devastador que la paralización de las clases ha tenido en el sector empresarial. “Nuestros negocios dependen directamente del funcionamiento de las escuelas. Con estas suspensiones, no solo estamos perdiendo ingresos, sino que estamos al borde del colapso financiero. Muchas pequeñas y medianas empresas no podrán recuperarse de este golpe”, declaró Hernández con visible frustración.
La crítica hacia la ADP no se limitó a los representantes de los padres y proveedores. Varios asistentes a la rueda de prensa cuestionaron la efectividad de las medidas adoptadas por el gremio docente, señalando que, en lugar de presionar a las autoridades, la suspensión de clases solo ha generado caos y descontento generalizado. “La ADP debe entender que su lucha, aunque legítima, no puede ser a costa de la educación de nuestros hijos. Hay otras formas de protestar que no impliquen sacrificar el futuro de miles de estudiantes”, expresó una madre presente en el evento.
Cabe recordar que la ADP inició su jornada de protesta el pasado viernes con una asamblea multitudinaria, seguida de un piquete frente a la Regional de Educación 07 el lunes, una manifestación en la Regional de Agricultura el martes, y una concentración frente a la Regional del Servicio Nacional de Salud (SNS) el miércoles. Sin embargo, hasta el momento, estas acciones no han logrado obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades, lo que ha exacerbado la frustración de todos los sectores involucrados.
Mientras tanto, la incertidumbre y el descontento continúan creciendo entre padres, estudiantes y sectores vinculados al sistema educativo. La pregunta que resuena en la comunidad es clara: ¿hasta cuándo la ADP mantendrá una postura que, lejos de resolver la problemática de las intoxicaciones, está generando un daño colateral irreparable en el proceso educativo y en la economía local?
La balanza parece inclinarse hacia un escenario en el que la ADP debe asumir su responsabilidad y replantear su estrategia, priorizando el bienestar de los estudiantes y buscando alternativas que no sacrifiquen el derecho a la educación. De lo contrario, lo que comenzó como una lucha legítima por la seguridad y la salud de la comunidad educativa podría convertirse en un precedente peligroso que afecte no solo el presente, sino también el futuro de miles de jóvenes en la región.