San Francisco De Macoris/Jose Valdez, En la República Dominicana existen derechos fundamentales que permiten a la ciudadanía expresar sus reclamos, pero también existen límites constitucionales y legales que deben ser respetados.
La Constitución habla claro y el derecho a la protesta no incluye destruir, contaminar ni alterar la paz pública. Y si no hay autoridades que hagan cumplir la propia Constitución, entonces la sociedad queda expuesta al desorden, la impunidad y el irrespeto a los derechos de todos.
El artículo 48 garantiza la libertad de reunión siempre que esta se realice de manera pacífica y sin armas.
El artículo 49 protege la libertad de expresión, el 47 la libertad de asociación y el artículo 46 el derecho de petición.
Estos pilares constitucionales permiten a cualquier ciudadano protestar, exigir y reclamar. Pero ninguna de estas garantías autoriza tirar basura en las calles, incendiar neumáticos, lanzar piedras, bloquear vías o dañar propiedades públicas o privadas.
Acciones como arrojar basura en avenidas y barrios están prohibidas por la Ley 120-99, que establece sanciones de dos a diez días de prisión o multas de 500 a 1,000 pesos, o ambas penas, aumentando en caso de reincidencia.
Asimismo, la Ley 64-00 de Medio Ambiente sanciona la contaminación y el depósito de residuos en espacios públicos con multas, decomisos y penas que pueden ir desde seis días hasta tres años de prisión.
La quema de neumáticos, los daños a infraestructuras y el lanzamiento de objetos que puedan herir a personas o destruir bienes pueden derivar en imputaciones por vandalismo, daño a la propiedad, alteración del orden público e incluso tentativa de agresión, dependiendo del caso.
Estos actos implica procesos penales que pueden incluir prisión, multas, reparación de daños y responsabilidad civil.
Protestar es un derecho, pero destruir nunca lo será. Defender la Constitución también implica exigir que las autoridades la hagan cumplir.
Cuando quienes deben mantener el orden miran hacia otro lado, permiten que unos pocos conviertan en violencia lo que debería ser una expresión democrática. Y esa apatía institucional afecta al ciudadano común, al comerciante, al trabajador, al que respeta la ley y solo pide vivir en paz. Y es precisamente esa mayoría silenciosa la que hoy siente cansancio, frustración y hartura. Porque el pueblo está cansado, está jarto de que unos cuantos quieran secuestrar el derecho a protestar para justificar desorden, incendios, basura y violencia.
El pueblo está jarto de que la autoridad no actúe. Está jarto de ver cómo la Constitución se cita para unas cosas y se ignora para otras.
El país necesita orden, respeto y responsabilidad. El derecho a la protesta debe ejercerse con civismo, y el Estado tiene la obligación ineludible de hacer cumplir la ley. Ya está bueno: la Constitución no es un adorno y el pueblo no aguanta más.