Santo Domingo, República Dominicana — El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) formalizó este lunes una solicitud ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para que se realice una revisión integral de sus procesos internos, en respuesta a una denuncia ciudadana que apunta a la existencia de cobros indebidos en servicios vinculados a la institución.
La decisión del ITLA se produce luego de que una investigación difundida por medios nacionales pusiera en evidencia presuntas irregularidades relacionadas con la recaudación y cobros percibidos por esa entidad educativa, lo que motivó inquietudes sobre posibles fallas en los mecanismos de control y transparencia institucionales.
En su comunicación enviada a la DIGEIG, el ITLA solicitó que el órgano rector en materia de ética pública y gestión de integridad examine “de forma exhaustiva” los procedimientos administrativos y financieros de la institución, con el propósito de identificar áreas de mejora y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en la administración de recursos y atención a los usuarios.
La DIGEIG, organismo encargado de investigar denuncias y posibles irregularidades relacionadas con la corrupción administrativa y el buen uso de los recursos públicos, es la instancia idónea para este tipo de solicitudes, ya que su mandato incluye evaluar procesos administrativos señalados por ciudadanos y entidades como deficientes o contrarios a la transparencia.
Autoridades del ITLA sostienen que la solicitud no solo busca atender las preocupaciones de la ciudadanía, sino también fortalecer la confianza pública en la institución, así como garantizar que sus prácticas internas se ajusten a los estándares éticos y legales exigidos por la legislación dominicana en materia de gestión pública y transparencia.
Expertos en administración pública y control institucional señalan que la intervención de la DIGEIG en casos como este puede implicar una serie de acciones que van desde la evaluación documental de los procesos administrativos involucrados hasta la emisión de recomendaciones o medidas correctivas para la entidad supervisada.
La comunidad educativa, estudiantes y sectores interesados han estado atentos a la evolución del caso, considerando que una revisión de procesos internos podría no solo aclarar posibles malinterpretaciones sobre cobros, sino también promover mayor transparencia en instituciones públicas que manejan recursos y servicios de interés colectivo.
La DIGEIG aún no ha emitido una declaración pública oficial sobre la recepción de la solicitud ni sobre los posibles plazos para iniciar una investigación, aunque, de acuerdo con su función institucional, este tipo de evaluaciones suelen comenzar con una fase de levantamiento de información y análisis preliminar antes de cualquier determinación formal.