El senador por la provincia Duarte reconoce la labor periodística, respalda las facultades del Ejecutivo, pero cuestiona la forma apresurada en que se produjo la destitución del exrector del ITLA
San Francisco de Macorís/Jose Valdez
El senador de la República por la provincia Duarte, Franklin Romero, fijó posición pública este martes en torno a la destitución del señor Rafael Feliz de sus funciones en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), a través de una carta abierta en la que aboga por la prudencia institucional, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
En el documento, fechado el 27 de enero de 2026, Romero plantea una postura que busca equilibrio entre el respeto al marco constitucional, la defensa de los derechos fundamentales y la necesidad de que los hechos sean investigados con transparencia antes de emitir juicios anticipados.
Reconocimiento al periodismo de investigación
En su carta, el legislador inicia reconociendo el trabajo de investigación realizado por la comunicadora Nuria Piera, destacando su trayectoria y el aporte que ha hecho al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el sistema democrático dominicano.
Romero subraya que el periodismo de investigación constituye un pilar esencial de toda democracia, dejando claro que su posición no pretende desacreditar el rol de la prensa ni minimizar su importancia en la fiscalización del poder público.
Respeto a las atribuciones del Poder Ejecutivo
El senador también reafirma su respeto a la facultad constitucional del Presidente de la República para nombrar y desvincular funcionarios públicos, señalando que dicha prerrogativa es legítima y forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo dentro del sistema democrático.
No obstante, aclara que el ejercicio de estas atribuciones debe estar acompañado de criterios de prudencia, proporcionalidad y respeto al debido proceso, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan la reputación, el honor y la moral de una persona.
Cuestionamientos a la forma de la destitución
Uno de los puntos centrales de la carta es la preocupación expresada por Romero sobre la manera en que se produjo la destitución de Rafael Feliz, la cual considera apresurada y fuera de tiempo, al no haberse agotado previamente un proceso claro de investigación y esclarecimiento de los hechos.
El legislador advierte que en un Estado de derecho, las decisiones administrativas de esta naturaleza deben sustentarse en procedimientos transparentes y objetivos, evitando sanciones anticipadas sin una determinación formal de responsabilidades.
Presunción de inocencia como principio fundamental
Franklin Romero reafirma de manera enfática el principio constitucional de presunción de inocencia, recordando que toda acusación debe ser conocida bajo ese criterio y nunca desde la presunción de culpabilidad.
En ese sentido, plantea la necesidad de que se abra y se agote un proceso judicial transparente, en el cual los hechos sean debidamente investigados y juzgados conforme a la ley.
De comprobarse culpabilidad, sostiene, debe aplicarse todo el peso de la ley; pero si ocurre lo contrario, llama a una reflexión seria sobre quién resarcirá el daño moral causado a una persona ya afectada públicamente.
Valoración de la gestión de Rafael Feliz
El senador también resalta que durante su gestión, Rafael Feliz realizó aportes relevantes en favor de la educación técnica y tecnológica, especialmente en beneficio de la juventud dominicana, elementos que, a su juicio, deben ser ponderados con objetividad y sentido de justicia al momento de evaluar su desempeño.
Romero considera que la trayectoria y los resultados de una gestión pública no pueden ser ignorados ni borrados sin una evaluación integral y equilibrada.
Llamado a la transparencia y a la verdad
En la parte final de su misiva, Franklin Romero expresa su confianza en que las autoridades competentes permitirán que la verdad sea plenamente esclarecida, que el proceso se conduzca con transparencia y que las conclusiones se sustenten en hechos comprobados y decisiones judiciales, no en juicios anticipados ni presiones mediáticas.
El senador concluye reiterando su compromiso con la institucionalidad, la justicia, la verdad y el respeto a los derechos fundamentales, en un momento que califica como crucial para fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas del país.