El exfuncionario solicitó revisión técnica de su gestión y quedó claro que sus bienes fueron adquiridos mediante préstamos bancarios, como ocurre con la mayoría de los dominicanos
San Francisco de Macorís/ José Valdez En un país donde la honra se construye en años, pero puede intentarse destruir en minutos, resulta necesario actuar con responsabilidad cuando se lanzan acusaciones que afectan la vida personal y profesional de un ciudadano. El reciente señalamiento contra el exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) obliga a hacer una pausa y revisar los hechos con serenidad, pruebas y sentido de justicia.
El propio exrector negó de manera categórica las imputaciones en su contra y, lejos de esconderse, solicitó una revisión técnica de su gestión, una acción que habla más alto que cualquier titular apresurado. No es la conducta de quien teme a la verdad, sino de quien confía en que los números, los documentos y los procesos administrativos hablarán por sí solos.
Los Préstamos bancarios es una realidad dominicana, no un delito tal y como quedó evidenciado en el trabajo periodístico presentado por Nuria Piera, los bienes atribuidos al exrector su vivienda y su vehículo fueron adquiridos mediante préstamos personales del Banco de Reservas. Esta información, lejos de incriminar, refleja una realidad común para miles de dominicanos.
En la República Dominicana, hacerse de una vivienda o un vehículo sin recurrir a financiamientos bancarios es prácticamente imposible para la mayoría de los ciudadanos. Hipotecas, préstamos personales y compromisos financieros a largo plazo forman parte del día a día de profesionales, servidores públicos y trabajadores del sector privado. Convertir esa realidad en sospecha es, como mínimo, irresponsable.
Cuando los documentos están disponibles, los pagos están registrados y las entidades financieras respaldan las operaciones, hablar de enriquecimiento ilícito sin pruebas sólidas no solo es injusto, sino peligroso.
El daño de las denuncias sin investigación profunda
Resulta preocupante que, al final de cuentas, la denuncia tenga su origen en un exempleado desvinculado de la institución. Antes de amplificar señalamientos, debió investigarse con mayor profundidad el contexto de dicha cancelación, las razones administrativas y si existían conflictos previos que pudieran contaminar la objetividad de la acusación.
Más delicado aún es cuando estas situaciones se mezclan con chismes políticos internos de partidos, agendas personales o luchas de poder que nada tienen que ver con la transparencia ni con el interés público. Utilizar la reputación de una persona como moneda de cambio en disputas políticas es una práctica que debe ser rechazada de plano.
El honor también es un derecho
La crítica y la fiscalización son necesarias en una democracia, pero deben ejercerse con responsabilidad, equilibrio y pruebas verificables. No todo señalamiento es verdad, ni toda denuncia es automáticamente culpabilidad.
Cuando una persona solicita auditorías, abre sus números y enfrenta los cuestionamientos de frente, merece al menos el mismo espacio para defender su nombre que el que se le dio para acusarlo. El honor, la familia y la trayectoria profesional también son derechos humanos.
En tiempos donde una acusación se viraliza más rápido que una rectificación, el llamado es claro: cuidado con empañar la vida de una persona sin haber agotado todos los procesos de verificación. Porque cuando la verdad finalmente sale a la luz, el daño ya suele estar hecho.