Operativo para frenar la “carrera de la muerte” desata tensión en talleres y abre discusión sobre su legalidad
San Francisco de Macorís/Jose Valdez Desde tempranas horas de este jueves se armó el corre corre en distintos sectores de la ciudad, luego de que agentes de la Policía Nacional realizaran un operativo en varios talleres mecánicos, donde incautaron motocicletas con el objetivo de evitar la ya conocida y peligrosa “carrera de la muerte”.
La acción sorprendió a dueños de talleres y propietarios de motores, quienes no esperaban la presencia de las autoridades dentro de sus establecimientos.
Varias motocicletas fueron montadas en grúas y trasladadas a destacamentos para fines de investigación, según testigos.
La famosa “carrera de la muerte”
Las carreras clandestinas se han convertido en una práctica recurrente en distintos puntos de San Francisco de Macorís. Donse jóvenes compiten a alta velocidad, muchas veces sin protección y sin ningún tipo de control, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros.
Vecinos han denunciado en múltiples ocasiones el ruido, el peligro y los accidentes que este tipo de actividades provocan. Para muchos ciudadanos, el operativo era necesario antes de que ocurra otra tragedia.
El mensaje de la Policía
Con esta intervención, la Policía busca enviar un mensaje claro: no se permitirá la organización de eventos ilegales que atenten contra la seguridad vial.
Aunque no se ha ofrecido un informe oficial detallado sobre la cantidad exacta de motores retenidos, el movimiento ha generado tensión y comentarios en distintos barrios de la ciudad ahora bien, más allá del operativo, surge la pregunta que muchos se hacen.
¿Es legal retener motores en talleres?
Aquí es donde el tema se pone delicado.
En la República Dominicana, la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que las autoridades pueden retener vehículos cuando estén involucrados en violaciones flagrantes a la ley, carezcan de documentación, representen un peligro inminente o estén vinculados a actividades ilícitas.
Si los motores incautados estaban modificados para competir ilegalmente, sin placa, sin documentos o vinculados a investigaciones previas sobre carreras clandestinas, la retención podría tener base legal.
Pero si la incautación fue meramente preventiva, sin flagrancia, sin orden judicial y sin una infracción comprobada en el momento, el procedimiento podría ser cuestionado por violación al debido proceso y al derecho de propiedad.
El punto más sensible: propiedad privada
Los talleres son establecimientos privados.
La entrada de autoridades a un negocio debe estar respaldada por una orden judicial o una situación de flagrancia. Si hubo coordinación con el Ministerio Público o investigaciones previas que justificaran la acción, el operativo tendría mayor respaldo jurídico.
De lo contrario, los propietarios podrían recurrir a acciones legales si entienden que sus derechos fueron vulnerados.
Prevención vs. derechos fundamentales
Nadie discute que las carreras clandestinas representan un peligro real y constante.
Sin embargo, en un Estado de derecho, las acciones preventivas deben realizarse dentro del marco legal.
La intención de evitar muertes puede ser legítima, pero el procedimiento debe ser transparente y fundamentado.
Conclusión
La ciudad está dividida. Algunos aplauden el operativo por considerarlo necesario para frenar la “carrera de la muerte”. Otros cuestionan si la Policía actuó con el debido sustento legal.
Ahora corresponde a las autoridades explicar con claridad bajo qué fundamento jurídico se ejecutó la retención de los motores. Porque tan importante como evitar una tragedia en las calles de San Francisco de Macorís, es garantizar que se respeten los derechos ciudadanos.
El corre corre comenzó. La discusión legal, también.