Santo Domingo/Jose Valdez, La trágica desaparición, abuso y muerte de la niña Brianna Genao, un hecho que ha estremecido a la sociedad dominicana, ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional la necesidad de endurecer las sanciones contra los delitos de agresión y violencia sexual. A raíz de este caso, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, anunció que reintroducirá ante el Congreso Nacional el proyecto de ley que busca autorizar la castración química como medida contra agresores sexuales.
Romero explicó que esta iniciativa ya había sido sometida en dos ocasiones anteriores, una vez cuando fungía como diputado y otra durante su primer período como senador, pero en ambas oportunidades el proyecto perimió sin ser aprobado dentro de los plazos reglamentarios del Poder Legislativo.
El legislador aclaró que, aunque una eventual aprobación no tendría efectos retroactivos y no aplicaría al caso Brianna Genao, la propuesta busca sentar un precedente legal que permita proteger a niños, niñas y adolescentes en el futuro.
El senador recordó que durante las discusiones del nuevo Código Penal se llegó a incluir una disposición relacionada con tratamientos hormonales para agresores sexuales, pero dicha parte fue eliminada en la Cámara de Diputados bajo el argumento de que podía entrar en conflicto con la Constitución de la República.
Aun así, Franklin Romero afirmó que insistirá en la reintroducción del proyecto, señalando que en otros países este tipo de medidas ha sido incorporado dentro de sus marcos legales como una herramienta para reducir la reincidencia en delitos sexuales.
La castración química, según nuestras investigaciones de las propuestas legislativas anteriores, no implica una mutilación física ni la extirpación de órganos sexuales. Se trata de un tratamiento médico basado en la administración de medicamentos hormonales que reducen significativamente la producción de testosterona, disminuyendo el deseo sexual y los impulsos asociados a conductas sexuales compulsivas.
Segun el tratamiento los efectos no son permanentes y se mantienen únicamente mientras el tratamiento esté siendo administrado bajo supervisión médica.
De acuerdo con los lineamientos planteados en iniciativas previas sometidas por el senador Franklin Romero, el proyecto contempla que la castración química sea considerada inicialmente como un tratamiento hormonal voluntario para personas condenadas mediante sentencia firme por delitos graves de agresión o violencia sexual, especialmente cuando las víctimas sean menores de edad.
Este tratamiento estaría acompañado obligatoriamente de evaluaciones psiquiátricas y terapias psicológicas, supervisadas por el Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General de la República.
El proyecto también prevé que, en casos de reincidencia, un juez pueda ordenar la aplicación obligatoria del tratamiento como una medida de seguridad para la sociedad, al considerar que el agresor representa un peligro permanente.
Asimismo, se plantea la creación de un registro nacional que permita dar seguimiento médico, legal y social a las personas sometidas a este tratamiento, con el objetivo de controlar su cumplimiento y facilitar procesos de reinserción social.
En versiones anteriores de la propuesta se contemplaba, además, la posibilidad de que los condenados que aceptaran voluntariamente el tratamiento hormonal pudieran optar por una reducción parcial de la pena, siempre bajo estricta vigilancia judicial y médica.
La reintroducción de este proyecto de ley, impulsada por el impacto social del caso Brianna Genao, vuelve a abrir un amplio debate en la República Dominicana sobre la eficacia del sistema penal frente a los delitos sexuales, la protección de la niñez y el equilibrio entre las sanciones ejemplares y el respeto a los derechos fundamentales.