En San Francisco de Macorís/Jose Valdez, la educación pública parece una obra de teatro donde los estudiantes deben sacar más de 70 puntos para pasar de curso, mientras muchos maestros protestan porque no quieren enfrentarse a una evaluación que solo les exige 65 puntos para recibir un aumento salarial. Es una contradicción que solo aquí parece normal.
Desde agosto se han perdido más de 17 días de docencia por paros convocados por la ADP, afectando a miles de estudiantes que ven interrumpido su aprendizaje. Estas paralizaciones, además de perjudicar a las familias, constituyen violaciones directas a la Ley General de Educación 66-97, que establece que el servicio educativo es esencial, obligatorio y continuo, y por lo tanto no puede ser interrumpido arbitrariamente por sindicatos o gremios. La ADP, aun conociendo esta disposición, mantiene su práctica de convocar paros que afectan el derecho fundamental de los estudiantes a la educación.
Mientras los alumnos deben esforzarse para obtener calificaciones altas, los maestros continúan peleando por beneficios sin demostrar mejoras en su desempeño. La ADP ha creado un ciclo de conflictos donde el estudiante es el único sacrificado, a pesar de que la propia ley prohíbe la suspensión de clases por causas laborales y obliga a los docentes a garantizar la continuidad del calendario escolar.
Según fuentes vinculadas al proceso de evaluación docente, aproximadamente el 38 por ciento de los maestros a nivel nacional quedó por debajo de los 65 puntos requeridos para acceder a un aumento. Aplicando ese mismo comportamiento al universo docente local, en San Francisco de Macorís esto representaría cerca de 410 maestros que no alcanzarían ese puntaje mínimo. Aunque estos datos no han sido publicados oficialmente por el Ministerio de Educación, reflejan la realidad que vive el sistema y las dificultades de muchos docentes para superar evaluaciones básicas.
El salario promedio de un maestro ronda los 63,655 pesos mensuales. Los que logran entre 65 y 69 puntos obtienen un aumento de alrededor de 7 por ciento. Los que superan los 70 puntos pueden recibir incrementos entre 17 y 32 por ciento, lo que significa aumentos que llegan a más de 20,000 pesos mensuales. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, muchos docentes prefieren no prepararse o seguir evadiendo la evaluación.
La ironía es evidente. En San Francisco de Macorís un estudiante que saque 69 pierde el año sin excusas, mientras un maestro que saque 60 sigue dando clases sin ningún tipo de consecuencia. Es un sistema donde el estudiante está sometido a más exigencias que el maestro encargado de enseñarle. Una contradicción que explica por qué la educación pública sigue en crisis.
Los acuerdos entre la ADP y el Ministerio no han evitado los paros ni han mejorado la calidad educativa. La ADP continúa actuando al margen de la ley, priorizando sus luchas internas sobre el calendario escolar y sobre el derecho de los estudiantes a recibir clases. Cada protesta es un día más sin educación y un recordatorio de que la normativa que debería proteger a los estudiantes está siendo ignorada por el propio gremio docente.
San Francisco de Macorís vive una situación incomprensible. Los estudiantes se esfuerzan más que los maestros y tienen más exigencias académicas. Mientras a los jóvenes se les exige un 70 para avanzar, hay maestros reclamando aumentos sin llegar ni al 65. Y al final, quienes pagan por estas incoherencias son los estudiantes.