San Francisco De Macoris/Jose Valdez En los últimos días o mejor dicho años se han registrado protestas y desórdenes como de costumbre en los alrededores del liceo Ercilia Pepín y la escuela Manuel María Castillo, donde grupos de estudiantes, muchos de ellos encapuchados, han salido a las calles a lanzar basura, quemar neumáticos, obstaculizar el tránsito y enfrentar a la Policía Nacional con piedras y botellas.
Aunque muchos de los participantes son menores de edad, estas acciones constituyen violaciones directas a varias leyes dominicanas.
Según consultas realizadas por este medio a varios abogados expertos en derecho ambiental, tránsito y derecho penal, los hechos cometidos por estos grupos representan infracciones claras y sancionables por la legislación nacional.
La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sus artículos 175 y 183, prohíbe lanzar basura, residuos o materiales contaminantes en las vías públicas.
Las penas van desde multas económicas hasta la obligación de restaurar el daño ambiental causado eso dice la ley.
Otra mas que es violada por las protestas es La Ley 63-17 de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, en sus artículos 220 y 242, sanciona a toda persona que obstruya o impida la libre circulación en calles y carreteras.
Las penas pueden incluir multas y arresto menor repito es la ley que lo dice .
Por otra parte segun experto del Código Penal Dominicano, en su artículo 208, castiga los desórdenes públicos con prisión de uno a veinticuatro meses.
El artículo 209 tambien sanciona a quienes lancen piedras, botellas u objetos que puedan causar lesiones, con prisión de hasta dos años.
El artículo 224 establece que la resistencia o agresión a la autoridad se castiga con penas de seis meses a dos años de prisión digace tirarle piedra a los policias.
Mientras que los artículos 434 y 435 penalizan el incendio intencional de neumáticos u otros objetos en la vía pública, por poner en riesgo la seguridad de las personas, con prisión correccional y multas.
En el caso de los menores de edad que deberian ser la gran mayoria de estudiantes, la Ley 136-03 establece que aunque no se les apliquen penas carcelarias, sí pueden ser sometidos a medidas socioeducativas como trabajos comunitarios, programas de orientación o supervisión de sus padres o tutores.
Ante esta situación los residentes de los alrededores de ambas escuelas han comenzado a organizarse para exigirle a las autoridades locales y a la policia y los directores de los centros educativo, pero sobre todo a los grupos estudiantiles, que respeten sus derechos y su tranquilidad.
Dicen lo moradores que están cansados de vivir entre gomas encendidas, bombas lacrimógenas y disturbios constantes que afectan a familias, envejecientes y niños.
Lo que estamos diciendo es para poner atención y mucha atención ya estan Advirtiendo que, si las autoridades no actúan con rapidez, en cualquier momento podría producirse un fuerte enfrentamiento entre comunitarios y manifestantes, lo que podría terminar en una desgracia.
Más allá del aspecto legal, estas acciones representan un retroceso en el comportamiento cívico y social. Estamos en pleno siglo 21, una época en la que la juventud debe expresarse con ideas, argumentos y civismo, no con piedras, basura, fuego ni capuchas. Protestar es un derecho, pero debe hacerse dentro del marco de la ley y el respeto.
Sé que con esta publicación algunos grupos populares podrían criticarme o no estar de acuerdo, pero como medio responsable debemos recordar que la ley es la ley, y que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede alterar el orden público ni poner en riesgo la vida de los demás bajo el pretexto de una protesta.
La educación, el diálogo y la conciencia ciudadana son las verdaderas herramientas de cambio. Los actos de violencia solo atrasan al país y empañan la imagen de nuestros jóvenes a tal punto que puede terminar en una desgracia que traiga luto a varias familias de nuestro querido y amado pueblo.